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La última dictadura cívico-militar argentina: un pasado en disputa (1983-2023)


La dictadura marcada como cívico-militar que gobernó el devenir de la vida nacional de Argentina en el periodo que abarca entre 1976 y 1983 dejó su marca indeleble en la cultura y la memoria social del país. Si bien la dictadura cívico-militar se terminó con el retorno a la democracia en 1983, el pasado reciente con violencia estatal continuó siendo motivo de reavivadas disputas y de reinterpretaciones en las décadas siguientes (Feitlowitz, 1998). Este trabajo analiza cómo a partir de la transición democrática hasta nuestros días se ha construido, puesto en crisis y reivindicado la historia de la última dictadura cívico-militar. Se estudia la manera en que las diferentes políticas públicas, los movimientos sociales y los espacios culturales han contribuido en la construcción de la memoria histórica. En particular, se pone especial atención en hacer un análisis del activismo memorial urbano analizado por los autores Aurélia Gafsi (2023), quien muestra cómo los actores ciudadanos actúan en el espacio público para disputar la memoria oficial. El trabajo se desarrolla en cinco apartados: el contexto histórico de la dictadura (1976-1983), las políticas de Justicia y memoria en la transición (1983-2003), la disputa pública por la memoria entre 2003 y 2023, las aportaciones de Gafsi en relación con el activismo memorial urbano y las conclusiones finales.
Contexto histórico de la dictadura (1976-1983)
El 24 de marzo del año 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron al gobierno democrático e instalaron una junta militar dirigida por el general Jorge Videla. Con ese cambio de gobierno, se inició el denominado “Proceso de Reorganización Nacional” cuyos fines, bajo la noción de “reordenar” el país, implicaban la persecución y la eliminación de cualquier tipo de disidencia política. En la realidad, el Estado aplicó métodos de terrorismo de Estado contra guerrillas de izquierda y opositores reales o supuestos. Durante esos años existieron decenas de centros clandestinos de detención donde la represión incluía torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. La noción de desaparecidos pasó a traducir el concepto de víctimas de las detenciones clandestinas que se usó como eufemismo para encubrir la magnitud de los crímenes.
Tras el término de la dictadura militar en 1983, el informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) recopiló en exclusiva todas las barbaridades que aptó. Ese informe daba cuenta de que el Estado había considerado a alrededor de 8.960 (CONADEP, 1984) habitantes como desaparecidos. Consignó más de 50.000 casos de personas detenidas ilegalmente y torturadas y más de 300 centros clandestinos reconocidos. El informe traía por primera vez el reconocimiento oficial de la violencia estatal de la que fue víctima la población argentina y significaba la provisión para el país de un censo sistemático de víctimas (CONADEP, 1984). Autores como Meir Feitlowitz coinciden en la manera en que el régimen militar hizo uso de un “lexicon” o léxico de eufemismos, por ejemplo, el de hablar de “subversivos” o el de “guerra sucia”, para encubrir por medio del disfraz del terror de Estado la justificación de las desapariciones (Feitlowitz, 1998). El horror y la suspensión de derechos constitucionales marcaron a la sociedad argentina; pero el fin del gobierno militar no supuso el final del debate de la historia reciente, de ese pasado traumático, sino que, al contrario, lo puso en el centro de la discusión entre los actores sociales.
Políticas de justicia y memoria en la transición (1983-2003)
Con el inicio de la democracia en 1983, el presidente Raúl Alfonsín impulsó un conjunto de políticas judiciales y simbólicas para hacer frente a los legados de la dictadura que había sufrido el país. Una de las primeras líneas de acción del presidente Alfonsín fue la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuya producción fue el informe Nunca Más (CONADEP, 1984), fuente de un clamor de justicia. En 1985 se realizaron los famosos juicios a las Juntas Militares, en los que el Estado juicio a los principales actores del golpe de Estado de 1976. Allí, el general Jorge Videla y el almirante Emilio Massera fueron condenados como culpables de crímenes de lesa humanidad, entre otros altos mandos. Para el derecho internacional de derechos humanos, esta es una sentencia originaria de la justicia transicional. Sin embargo, a partir de Diana Taylor (1997) estos juicios también tuvieron un carácter performático porque intentaron dar a ver públicamente los horrores de la dictadura y dar legitimidad a una nueva forma de relato nacional (Taylor 1997).
A pesar de estos avances iniciales, la presión de los militares disidentes terminó llevando en 1986 a la sanción de la ley de Punto Final, donde se establecía un plazo fatal para la denuncia de represores; después, en 1987, la ley de Obediencia Debida eliminó la responsabilidad a los militares de rango subordinado aduciendo que ejecutaban órdenes; y finalmente, el presidente Alfonsín firmó en 1987 el indulto presidencial para evitar un eventual golpe de Estado (Feitlowitz, 1998) y, ya en 1989, el gobierno de Carlos Menem dictó indultos generales para los condenados y prófugos, incluyendo tanto a militares como guerrilleros. Los indultos llevarían a frustrar las expectativas de justicia de las víctimas en gran medida y la etapa de “impunidad” (Feitlowitz, 1998).
En un clima en el que la impunidad oficial y cultural era la constante, los colectivos de derechos humanos hicieron lo posible por preservar la memoria y la demanda de justicia. Las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo seguían organizándose en la Plaza de Mayo, denunciando, cada semana, el secuestro de sus hijos y la apropiación de sus nietos. En 1983 ya se había constituido la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, para recuperar la identidad de los niños nacidos en cautiverio; décadas más tarde, más de un centenar de nietos fueron restituidos a sus familias biológicas. Aunque es complicado referenciar un artículo académico preciso, se sabe que fueron las Abuelas de Plaza de Mayo quienes tuvieron el hincapié en preservar la memoria de las víctimas, en restituir los derechos básicos arrebatados por la dictadura militar (Abuelas de Plaza de Mayo, 2020). Conjuntamente, los museos y los centros de documentación independientes empezaban a aparecer, construyéndose memorias, relatos literarios, para tender puentes sobre el silencio impuesto. Aunque no había prosecuciones durante este periodo, la sociedad civil seguía haciendo florecer la agenda de derechos humanos y reclamando una mirada crítica sobre el pasado reciente.
Memoria y disputa pública (2003-2023)
El nuevo siglo fue el marco propicio para emprender tareas de memoria y justicia en Argentina. En el año 2003, al inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado derogó formalmente las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, considerándolas inconstitucionales. Este recambio de políticas permitió la reapertura de procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, algunos de los cuales ya se encontraban archivados. Desde entonces se iniciaron muchos de ellos, aumentando el número de condenas contra represores, incluyendo muchos exmilitares y exfuncionarios civiles. Por otro lado, se fortaleció institucionalmente el culto de la memoria, al proclamarse el 24 de marzo como Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia y por la instauración de lugares de memoria.
Uno de los hitos más significativos fue la inauguración en 2004 del Sitio de Memoria ESMA como museo, en el predio de la exescuela de mecánica en el que funcionó un centro clandestino; dicho museo oficial, con exposiciones sobre la represión, se sirvió también como espacio educativo, y es un buen ejemplo de cómo la sociedad argentina logró transformar un lugar de muerte en un sitio de reivindicación y aprendizaje. Otro ejemplo será la habilitación en 2006 del Parque de la Memoria en la costanera del Río de la Plata, donde monumentos, placas y obras de arte ajenas honran la memoria de las víctimas. Al mismo tiempo, los organismos de derechos humanos mantenían su militancia: las Abuelas de Plaza de Mayo lograron un apoyo internacional para su causa (la UNESCO terminaría reconociendo la importancia de su archivo de ADN), así como fueron surgiendo nuevos colectivos como HIJOS, el de los hijos de desaparecidos que empezaron también a levantar la voz.
No obstante, el proceso de memoria ha estado marcado por polémicas. Durante todos estos años se puede seguir una controversia en público, con distintos relatos del pasado. Mientras extensos sectores reivindican la noción de genocidio y acusan al Estado por crímenes de lesa humanidad, internacionalmente condenados, algunos espacios políticos y periodísticos proponen formas revisionistas que intentan relativizar la violencia estatal, argumentando a veces una supuesta “guerrilla bilateral” o presentando cifras algo sobredimensionadas de las víctimas guerrilleras (Feitlowitz, 1998). Las posturas revisionistas producidas han suscitado la controversia en la sociedad y en las aulas, donde se confronta con la idea de relato oficial construido a partir de Nunca Más. Tal como han comentado diferentes autores, la memoria colectiva estaría construida mediante cierto tipo de actos, simbólicos o en determinados casos a partir de representaciones culturales (Taylor, 1997) y, de este modo, aquellos actos aparecen en el marco de la controversia: por una parte, marchas multitudinarias por la memoria y, por otra, actos provocativos que minimizan, subestiman el drama nacional.
Durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019) también se dieron tensiones. Aunque Macri no derogó los juicios que se habían iniciado, su gobierno sí hizo un cambio en la importancia que tenían aquellas políticas de memoria (por ejemplo, al rediseñar el Ministerio de Derechos Humanos). Además, una parte del arco político criticó la forma en la que se enseñaba la historia de la dictadura, lo que provocó reacciones de rechazo de las organizaciones de derechos humanos. En este sentido, la “disputa pública” salta lo judicial y se produce una disputa social: la generación que no vivió el golpe reivindica el derecho a saber la verdad, mientras que sectores conservadores se oponen al conocimiento de la historia de dictadura y advierten de su “interpretación sectaria”. En la última década, el juicio por el centro clandestino de la “Esma”, con centenares de condenas, el nombramiento de los espacios con el nombre de víctimas y el reconocimiento internacional del Nunca Más, han gestado la predominancia de la memoria crítica. Sin embargo, la persistencia de discursos negacionistas o ambiguos reproduce el debate entre el relato oficial y la voz de los derechos humanos. De esa forma, en 2023 la literatura sobre la última dictadura sigue siendo un campo de disputa que se da en los medios, en el aula y en las plazas.
Aportes de Aurélia Gafsi: activismo memorial urbano
El trabajo de investigación de Aurélia Gafsi versa sobre cómo el activismo en el ámbito urbano aparece como una de las incumbencias de esta disputa por la memoria colectiva. Toma como referencia a Gafsi (2023) cuando dice que la ciudad como lugar de encuentro entre las personas y las organizaciones memorializa el pasado a través de diversas formas de intervención en el espacio público. En la ciudad de Buenos Aires, por caso, se ven placas y graffitis que amanecen en las plazas y que recuerdan a las víctimas en los lugares donde fueron el sometimiento, acciones artísticas comunitarias sobre la historia reciente, recorridos a pie por los lugares de la represión cotidiana. Estas prácticas, dice Gafsi, son prácticas que mezclan arte, educación y la reivindicación política en un intento de frenar el olvido (Gafsi, 2023). Y además distingue entre la memoria oficial que promueve el Estado y sus museos nacionales y la memoria local o urbana que es promovida por los grupos sociales. Gafsi determina que el activismo memorial urbano de Argentina es el lugar donde empieza a expresarse la multiplicidad de memorias en tensión: los barrios, los colegios, las plazas son nodos de recuerdo de donde las comunidades narran historias en torno a la dictadura y a su propia experiencia social.
El principal aporte de Gafsi radica en verificar que la memoria de la dictadura no se conserva exclusivamente en archivos o museos formales sino también en donde las personas caminan y se encuentran habitualmente, donde el activismo memorial urbano resalta que la historia debe ser construida también desde la responsabilidad cívica establecida al convertirse los transeúntes en testigos activos al encontrarse con las señales urbanas que rememoran el pasado (Gafsi, 2023). Su investigación hace también comprender porque el pasado de la dictadura permanece “en disputa”: porque la memoria se disputa tácitamente en todos los rincones de la ciudad donde se encuentran diferentes versiones y sensibilidades.
Conclusión
En definitiva, el último periodo de dictadura cívico-militar argentina aún persiste siendo tema de controversia y de reflexión, a más de cuarenta años de su final. El recorrido que va desde los juicios de la Verdad de la década de 1980 hasta las manifestaciones actuales por la memoria, muestra que la sociedad argentina no ha podido cerrar ese viejo capítulo de dolor. Los informes y los testimonios documentados por CONADEP (1984) y las investigaciones de algunas autoras como Feitlowitz (1998), y Taylor (1997) han apuntalado un discurso sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos. A la par, el camino por la justicia fue largo y muchas veces detenido por leyes de impunidad y por políticas de los gobiernos que fueron responsables del olvido.
Ahora bien, desde el comienzo del siglo XXI se irrumpió un renacer de la memoria crítica: la derogación de amnistías, los nuevos juicios, los museos de la memoria, las conmemoraciones públicas, en conjunto, han garantizado que el pasado no sea eliminado. En la revisión de estos procesos es digna de resaltar la labor realizada por la arqueóloga urbana Aurélia Gafsi, quien hace énfasis en el papel que despliegan los ciudadanos a la hora de mantener viva la memoria en la ciudad (Gafsi, 2023). En conclusión, la discusión sobre el pasado de la última dictadura tiene lugar en las disputas de la justicia y la impunidad, en la tensión entre los relatos oficiales y las voces sociales. En la actualidad, esos debates continúan abiertos en las aulas, en los medios de comunicación, en el imaginario colectivo, recordando que la memoria histórica en Argentina siempre es un proyecto abierto y en construcción.

Lina PAREDES MOLINA – Master ETT Suds


Referencias
Arboleda-Ariza, J. C., & Prosser Bravo, G. (2015). Políticas de la memoria en Colombia. Entre un pasado instituido e instituyente. APPRIS Editora.
Comisión de la Verdad. (2022). Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Comisión de la Verdad
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. (1991). Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Estudios Públicos, (41).
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (2004). Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Gobierno de Chile.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores.
Sánchez González, G. (2015). Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia. Centro Nacional de Memoria Histórica.
Stern, S. J. (2006). Battling for Hearts and Minds: Memory Struggles in Pinochet’s Chile, 1973–1988. Duke University Press.

Las batallas por las memorias en América Latina. Aproximación a las experiencias de Colombia y Chile a partir de estudios de casos


Las sociedades posconflicto en América Latina cuentan con auténticas batallas de memorias: pugnas narrativas entre versiones oficiales y memorias de las víctimas. Las violencias que ha dejado el pasado reciente determinaron memorias traumatizadas que intentan legitimar o silenciar distintos actores sociales (Jelin, 2002). Autores como Sánchez González (2015) subrayan que estas luchas culturales se hacen evidentes en los “trabajos de memoria” colectivos disputadores del relato hegemónico. En el presente informe comparamos los casos de Colombia y Chile, dos experiencias distintas y con características diferenciadas, pero que también comparten distintos mecanismos de construcción de la memoria histórica. Partimos de la descripción del contexto histórico de cada país, las luchas internas por la memoria y los lazos transculturales y transnacionales que vinculan ambas experiencias. Podemos encontrar ejemplos como los informes de las comisiones de la verdad, las políticas de memoria institucionales, los lugares de memoria y los procesos de paz (Sánchez González, 2015; Comisión de la verdad, 2022).
Contexto histórico en Colombia
Colombia ha vivido un conflicto armado prolongado que atraviesa casi todo el siglo XX y el XXI. Tras La Violencia bipartidista (1948-1958) surgieron movimientos guerrilleros (FARC en 1964, ELN en 1964, M-19 en 1970) y posteriormente grupos paramilitares (AUC en 1997) que lucharon contra el Estado. En paralelo, el narcotráfico alimentó la guerra civil. La Constitución de 1991 marcó reformas democráticas, y en 1990 los guerrilleros del M-19 entregaron las armas. Pero en los años 2000 la violencia recrudeció: el presidente Álvaro Uribe (2002‑2010) impulsó la “seguridad democrática” contra la guerrilla, mientras que en las zonas rurales muchos civiles fueron desplazados o asesinados (Comisión de la Verdad, 2022). Finalmente, en 2016 el gobierno y las FARC firmaron un Acuerdo de Paz histórico que incluyó un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para abordar los delitos del conflicto. Sin embargo, aún persisten grupos disidentes y enfrentamientos con el ELN, y la implementación de las reparaciones continúa abierta.
• 1950-1960: Conflicto bipartidista (La Violencia) termina con pacto de Frente Nacional.
• 1964: Fundación de las FARC como guerrilla en la selva del Sureste.
• 1970s-80s: Auge del narcotráfico y expansión de guerrillas en todo el país. Paramilitares formados por terratenientes.
• 1985: Toma del Palacio de Justicia por M-19.
• 1991: Nueva Constitución; guerrilla del M-19 desmoviliza a cambio de amnistía.
• 1999-2006: Plan Colombia (apoyado por EE.UU.) y fuerte ofensiva militar contra guerrillas.
• 2002-2010: Gobierno Uribe reduce poder guerrillero; surgen escándalos de “falsos positivos” (muertes extrajudiciales).
• 2003-2006: Proceso fallido de “paz total” con AUC. AUC se desmoviliza parcialmente (2003-2006) mediante Justicia y Paz.
• 2016: Acuerdo de Paz con las FARC. Se crea la Comisión de la Verdad de Colombia (2018-2022).
• 2017-2020: Proceso de implementación del acuerdo; debates por Justicia Especial para la Paz.
El largo conflicto ha ocasionado la existencia de más de 4 millones de personas desplazadas por la fuerza y ha dejado decenas de miles de víctimas mortales (Sánchez González, 2015). El Estado ha puesto en marcha algunos mecanismos de reparación de esta situación: la Ley de Víctimas (2011) y la creación del Centro Nacional de la Memoria Histórica (CNMH, 2011) buscan documentar el pasado. El propio Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022) recoge la pluralidad de experiencias y, de este modo, llama a reconocer diversas memorias como parte de la exigencia de no monopolizar el relato (Comisión de la Verdad, 2022). Instituciones como el CNMH dan cuenta de informes (p.ej. Informe Bojayá 2007, Informe ¡Basta Ya! 2013) y apoyan sitios de memoria (es decir, museos en Medellín y en las regiones). Estas acciones dan cuenta de la emergencia de los espacios formales de memoria inspirados en los modelos internacionales (Arboleda-Ariza et al., 2024).
Contexto histórico en Chile
En Chile, la polarización política de las décadas de 1960 abrió el camino a una profunda crisis. En 1970 fue elegido Salvador Allende, líder de la Unidad Popular, quien inició reformas socialistas. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973 el ejército de Augusto Pinochet ejecutó un golpe de Estado que derrocó a Allende. A partir de ese momento se instaló una dictadura militar (1973-1990) caracterizada por represión sistemática contra opositores: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. Estudios oficiales estiman unos 2.279 detenidos desaparecidos (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991) y alrededor de 34.000 víctimas de tortura (Comisión Valech, 2004), con decenas de miles de exiliados al extranjero. La dictadura disolvió el Congreso, suspendió libertades y aplicó una Constitución en 1980.
• 1973: Golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet, final del gobierno de Allende.
• 1973-1990: Régimen militar. Represión de movimientos de izquierda y sindicatos; toques de queda y censura.
• 1978: Ley de Amnistía que impide procesar crímenes de la dictadura.
• 1979-1988: Protestas ciudadanas y sanciones internacionales presionan el fin de la dictadura.
• 1988: Plebiscito revocatorio rechaza la continuidad de Pinochet; transiciona hacia democracia.
• 1990: Restablecimiento de la democracia con Patricio Aylwin como presidente; Pinochet permanece como comandante en jefe del Ejército.
• 1990-2004: Democracia de centroizquierda y centroderecha alternada. Se crean comisiones de verdad: la Comisión Rettig (1990-1991) documenta ~3200 casos de víctimas fatales, y la Comisión Valech (2003-2004) documenta detención política y tortura.
• 1998: Pinochet es arrestado en Londres (inicia juicio por DDHH).
• 2004 en adelante: Fin oficial del régimen; Chile mantiene una Constitución heredada de 1980 (con reformas parciales), pero entra en vigencia de forma creciente la memoria de la dictadura en la esfera pública.

La transición en Chile incluyó múltiples mecanismos de verdad y memoria: los archivos del régimen militar han sido abiertos progresivamente, y aparecieron espacios de memoria pública. Un espacio público particularmente emblemático lo constituye el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (inaugurado en 1998) en Santiago, el cual busca recordar a las víctimas. Existen también monumentos y recorridos históricos de lugares de tortura (Villa Grimaldi, Londres 38) y de cementerios de las víctimas. Sin embargo, la oficial tardía por mostrar la represión (obstaculizada por la amnistía y por la figura de Pinochet) marcó un régimen de “olvido forzado” inicial, y el contexto histórico y legal ha dejado heridas abiertas: la represión ha quedado semi-impuesta (Ley de amnistía) y la nueva Constitución de 1980 fue válida hasta tiempos recientes. El campo de la memoria en Chile ha crecido junto con las generaciones posteriores, alimentado por los archivos abiertos, por los testimonios en los museos y por la demanda social de justicia (Stern, 2008; Arboleda-Ariza et al., 2024).
Disputas por la memoria en Colombia
En el país cafetero, las pugnas por el baluarte de la memoria trasmiten la misma grieta ideológica y territorial del conflicto. Por un lado, las versiones oficiales o corporativas propias del Estado (parece que respaldadas por algunos medios y por algunos políticos) tradicionalmente se han limitado a minimizar los abusos por parte del Estado y a estigmatizar a las víctimas civiles, es decir, a las víctimas que fueron acusadas de “cómplices de la guerrilla”. Tal y como recuerda Sánchez González (2015), el relato dominante tienta a una naturalización de la violencia y a una censura de los testimonios rurales, donde se convierten en memorias siempre falsas. Por otro lado, esos colectivos de víctimas (víctimas de la guerrilla, d víctimas del paramilitarismo, d víctimas de las fuerzas estatales y del Estado en sentido amplio, etc) luchan por hacer visibles sus experiencias: han documentado masacres (ej. Bojayá, Chocó) y han forzado la creación de un determinado tipo de mecanismos judiciales (ej. la Jurisdicción Especial para la Paz).
Estas luchas tienen lugar en debates públicos. Por ejemplo, hay algunos sectores que piden “no echar sal en las heridas” y acusan a las víctimas de volver a avivar odios, mientras que otros sectores responden que el reconocimiento de la verdad es condición necesaria para la reconciliación civil. La Comisión de la Verdad (2022) llama a escuchar la pluralidad de voces y a evitar relatos únicos. Sin embargo, persiste la negación y el olvido selectivo, como los casos en los que líderes políticos niegan abusos de sus bandos (o incluso exigen “olvidar” el crimen para avanzar). Al mismo tiempo, los espacios de memoria, como el mismo CNMH o los museos locales de la memoria, han sido también criticados por polarizar la discusión, aunque muchos de ellos los consideran insustituibles para la reparación (Sánchez González, 2015). El caso es que, en Colombia, la batalla de la memoria tiene lugar en el terreno de la historia reciente y de la política transicional: cada relato sobre las víctimas, la guerrilla o el Estado tiene consecuencias tanto jurídicas como simbólicas (Comisión de la Verdad, 2022; Sánchez González, 2015).
Disputas por la memoria en Chile
La lucha por la memoria de la dictadura y el recuerdo del mismo ha sido en un principio mucho más ideológica que militar, pero no por ello no ha sido una lucha concreta. La vuelta a la democracia fue objeto de tensión entre sectores conservadores que consideraban conveniente “cerrar el capítulo” en pos de una estabilidad, y las organizaciones de derechos humanos y las propias víctimas que demandaban justicia. Esas tensiones pudieron verse representadas en múltiples frentes; por ejemplo, la instalación de museos y monumentos conmemorativos (como el caso del Museo de la Memoria) fueron criticados en ocasiones por la derecha por entender que darle mayor protagonismo al pasado podía abrir viejas heridas. En los partidos políticos y en los medios de comunicación hubo un enfrentamiento permanente sobre qué narrativas corresponde enseñar en los colegios o recordar en los actos oficiales. Como insiste Sánchez González (2015), “ni una sola institución se atreve a movilizar las imágenes previas al golpe de Estado de 1973”, lo que puede ser un ejemplo del tabú histórico vigente y mantenido.
A la vez, la sociedad civil y las víctimas idearon estrategias de memoria insumisa como las marchas anuales del 11 de septiembre (el “Acto del 11 de septiembre”), los memoriales literarios y artísticos o la presión constante para juzgar a los represores (que tuvo en el caso de Pinochet un carácter emblemático). Esa tensión también se ha dado en el ámbito legislativo, donde leyes como la de Amnistía (1978) o la interpretación restrictiva de los archivos oficiales han sido cuestionadas por los activistas. Durante las últimas décadas hubo avances en los gestos simbólicos, aunque los debates persisten. En fin, la lucha por la memoria en Chile es la lucha entre quienes proponen un relato que polariza un país que fue el lugar del fracaso político y quienes se empeñan en dignificar a las víctimas; autores como Stern (2008) han venido describiendo esas dinámicas de resistencia cultural que se dan frente a las imposiciones oficiales de la época (Traverso, 2012; Sánchez González, 2015).
Conexiones transculturales y transnacionales entre ambos casos
A pesar de sus divergencias, las experiencias de Colombia y Chile se entrelazan en redes transculturales de memoria. Los estudios de comparación afirman que en ambos países se adopta “un modelo global de memoria” dentro de sus políticas de justicia transicional: las instituciones oficiales de verdad y de memoria institucional, que combinan los archivos y las prácticas conmemorativas similares (Arboleda-Ariza et al., 2024); así, la figura de la Comisión de la Verdad tiene paralelismos con las comisiones de la verdad de Argentina, Chile, Sudáfrica, etc., así como la atención a los museos de la memoria y de la educación a las víctimas cumple con cierto patrón de distintos países de la región. También Sánchez González (2015) constata que Chile y Colombia pueden proporcionar un diálogo transcultural, ya que, aunque una parte de “los países australes” sea diferente de la experiencia colombiana, sí tienen un horizonte de conocimiento y de reconocimiento de los hechos violentos del pasado.
Igualmente, la solidaridad de las víctimas atraviesa los límites geográficos; de tal forma que organizaciones de derechos humanos de América Latina realizan intercambios en metodología de las fases de la documentación de los desaparecidos (p.ej. los archivos de desaparecidos en Chile y los archivos de desaparecidos en Colombia comparten criterios propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Intelectuales como Elizabeth Jelin afirman que los actos de memoria en los procesos de posconflicto obedecen a lógicas universales de búsqueda de verdad y justicia (Jelin, 2002). A su vez, activistas en Colombia y Chile participan en eventos internacionales (UNESCO, ONU-DH) que postulan la reparación y la no repetición elaborando así un vocabulario común de “memoria histórica”. En términos de la práctica académica, los enfoques de las ciencias sociales someten sus fronteras: conceptos como “trabajo de memoria” o “resistencia memorial” que emergen en un país son a su vez recolectados en el otro (Sánchez González, 2015; Traverso, 2012).
Así, las batallas de las memorias en ambos casos están constituidas por un entramado transnacional. La vertiente recíproca se encuentra, por ejemplo, en la promoción de leyes de la memoria, en las redes de los “sitios de memoria” (museos, memoriales) que se retroalimentan, o cuando se asimilan los lenguajes internacionales sobre derechos humanos. A su vez, estas conexiones hacen escalar el impacto del local: una búsqueda de reconocimiento en un caso colombiano tiene eco en Chile, pero también a la inversa. Al final, en Colombia y en Chile se puede observar que la batalla por el relato del pasado no es local sino un cachito a la larga lucha global de las memorias sobre las violencias modernas (Jelin, 2002; Arboleda-Ariza et al, 2024).

Conclusión
Para terminar, las contiendas sobre las memorias en Colombia y Chile son variadas y complejas, y dan cuenta de cómo los recuerdos del pasado reciente se constituyen en auténticos contendientes en la arena pública y política. En ambos países los procesos de construcción de memoria no han sido lineales ni consensuados, sino que han estado marcados por constantes tensiones, silencios, resistencias y resignificaciones: entre los dos casos se ilustra a la perfección que la memoria histórica es, sin lugar a dudas, profundamente político: los relatos sobre la violencia, la represión y la resistencia, configuran narraciones disputadas entre descendientes de víctimas, el Estado, los perpetradores, las organizaciones sociales y las diferentes instancias de la sociedad civil.
El ejercicio comparativo permite entender tanto las diferencias contextuales, esto es el conflicto armado interno colombiano, y la dictadura militar chilena, como las profundas similitudes, en lo que respecta a las comisiones de verdad, los procesos de justicia transicional, y los esfuerzos memorialistas empujados desde abajo. Ambos países han desarrollado formas institucionales y no institucionales de enfrentar el pasado, si bien los resultados y niveles de impacto son distintos. Tal y como indica Sánchez González (2015), no rendirse ante estas luchas por la memoria supone aceptar la multiplicidad de voces, narraciones o relatos, y de experiencias que conforman el tejido social. Rechazar la imposición de una memoria única o oficial no es sólo la puesta en práctica de la democracia, sino que, también es la condición necesaria para construir sociedades más justas, más inclusivas y en paz. La memoria, y lo es plural y participativa, puede convertirse entonces en un puente entre el luto del pasado y la esperanza del futuro, y convertirse en la herramienta más contundente para evitar volver a cometer las violencias en Colombia, Chile y en otras latitudes. 

Lina PAREDES MOLINA – Master ETT Suds


Referencias
Arboleda-Ariza, J. C., & Prosser Bravo, G. (2015). Políticas de la memoria en Colombia. Entre un pasado instituido e instituyente. APPRIS Editora.
Arboleda-Ariza, J. C., Piper, I., & Bravo, G. (2020). Reparation policies in Colombia: Memory as a repertoire. Memory Studies, 13(6), 1–15. https://doi.org/10.1177/1750698020982036
Jelin, E. (2021). Las tramas del tiempo: Familia, género, memorias, derechos y movimientos sociales. CLACSO.
Stern, S. J. (2000). De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico. Chile, 1973–1998. En M. Garcés & P. Milos (Eds.), Memorias para un nuevo siglo: Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX (pp. 11–33). LOM Ediciones.

El fenómeno migratorio en perspectiva comparada: Brasil, España y Portugal Leonardo Cavalcanti (UnB/OBMigra)


La migración contemporánea debe ser considerada como uno de los procesos más importantes y complejos que están teniendo lugar en el siglo XXI, y necesita ser analizado desde una perspectiva integral y de múltiples escalas, desde la local hasta la nacional, pasando por la regional y la global, prestando atención también a los contextos históricos, políticos, económicos y sociales de cada país en particular, porque las migraciones no son fenómenos que puedan ser considerados de manera homogénea e independiente, ya que ellas están en consonancia con unas dinámicas estructurales globales como la desigualdad, el cambio climático o las crisis políticas pero también con las características de la localidad, y con las respuestas de las instituciones. El espacio iberoamericano ofrece un buen espacio para el análisis comparado dado que existen lazos históricos compartidos, elementos de cultura y lengua comunes, y trayectorias políticas que, aunque distintas se encuentran con puntos de contacto importantes.
Contexto migratorio en Brasil
Hoy Brasil es un país receptor de inmigrantes en crecimiento, donde el peso de la población extranjera no sólo es bajo (apenas 1,08 millones, alrededor de 0,52% de la población, según los datos de la ONU) (DatosMacro, 2020) sino también inferior al de países como Alemania, Canadá o EE.UU. Históricamente Brasil fue el lugar de destino de grandes flujos de europeos y japoneses hasta la mitad del siglo XX, y a partir de ese momento Brasil pasó a ser un país emisor. Esta tendencia se invirtió en la última década: la inmigración nacional creció a partir de 2010. En la actualidad los países fronterizos son las principales fuentes de inmigración: Venezuela representa la fuente más importante con cerca de 568.000 personas (2023), seguido de Haití (169.489 en 2022) y Bolivia (140.544 en 2022), cifras cuyo patrón actúa de reflejo de crisis regionales (situación de Venezuela, situación de Haití) y de la prosperidad relativa de Brasil. También hay comunidades de migrantes de otros países sudamericanos (Argentina, Paraguay, Colombia, Perú) y del continente africano -en particular de estados lusófonos como Angola y Guinea Ecuatorial-. Los brasileños retornados y los descendientes de europeos también ocupan un lugar importante: la ONU estima que, en 2020 de la cifra total de inmigrantes en Brasil, 22,98% fueron migrantes de Venezuela, 16,23% portugueses y 5,77% japoneses.
La política migratoria de Brasil es relativamente más abierta que la de muchos otros países de la región. Una nueva Ley de Migraciones (2017) introdujo un planteamiento centrado en los derechos humanos, el cual sustituyó al más estricto que había antes. Brasil también firma acuerdos regionales (por ejemplo, el Protocolo de Residencia del Mercosur) que facilitan la residencia de las personas de países vecinos. De acuerdo con Cavalcanti (2024), tras la recesión generada por la COVID-19 los movimientos migratorios se reactualizaron con fuerza: más de 62 millones de movimientos fronterizos y un aumento de 300.000 trabajos creados para inmigrantes en el reciente periodo. Esto indica que, en la actualidad, el influjo migratorio cumple un papel relevante en la mano de obra en Brasil.
Por otro lado, persisten muchos problemas: integrar a miles de refugiados y migrantes irregulares (en gran parte de Haití y de la frontera norte con Venezuela) requiere recursos y mecanismos de coordinación. Aunque Brasil ha creado programas de acogida (Operação Acolhida para los venezolanos) y simplificado los trámites para los refugiados y las personas apátridas. En suma, Brasil se establece como un destino en crecimiento de migrantes latinoamericanos y africanos, con políticas migratorias abiertas e inclusivas (Cavalcanti, 2024; DatosMacro, 2020).
Contexto migratorio en España
España ha sido históricamente un país de emigración, pero desde los años 1990 recibió masivamente inmigrantes. Tras la crisis económica de 2008 volvió a repuntar la emigración española, pero en los últimos años la inmigración se recuperó. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de 2024 la población con nacionalidad extranjera era del 13,4% (18,2% nacidos en el exterior). Esta proporción se traduce en unos 6,5 millones de extranjeros, destacando especialmente a los ciudadanos de origen sudamericano, europeo y magrebí. En 2022 España aportó unos 324.000 nuevos inmigrantes a largo plazo (incluyendo cambios de estatus), un 27% más que en 2021. De estos, muchos se acogieron a la libre movilidad comunitaria (UE), y otros lo hicieron por motivos laborales, familiares o humanitarios.
Los principales países de origen son Marruecos, Colombia y Rumanía: en 2023 la población nacida en el exterior de Marruecos equivalía al 13% de los extranjeros, la de Colombia representaba el 9% y la de Rumanía el 7% This is evocative of los flujos históricos: marroquíes a España y trabajadores del marroquí en la España agraria; la vinculación cultural con América, especialmente Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú; o la proximidad cultural y social hacia los países del Este de Europa. Durante el período 2022-2023 han crecido los llegados de Colombia y de Venezuela, en particular. En efecto, el número de solicitudes de asilo llegó a representar un crecimiento del 38% respecto a 20, con unas 160.000 solicitudes presentadas, principalmente de venezolanos (60.000) y colombianos En cambio, las llegadas tradicionales de sirios o ucranianos han sido menores.
España tiene un estado miembro de la Unión Europea y también uno del espacio Schengen, lo cual significa, por tanto, libertades de movimiento intraeuropeo y controles comunes de frontera. La legislación en materia de inmigración (Ley de Extranjería) ha ido adaptándose, al igual que en otros países, por ejemplo, recientemente se ha desplegado para los trabajadores altamente cualificados la “Tarjeta Azul UE”, ofrece también permisos de residencia motivados por razones humanitarias y en los años recientes ha hecho impulsos menores de retorno voluntario para los migrantes de terceros países. En la práctica, los retos actuales son la gestión de la inmigración irregular (por vía marítima y por vía terrestre desde África) y la integración social y laboral de los extranjeros ya residentes.
Contexto migratorio en Portugal
Nuestro país, Portugal, ha visto su historia migratoria muy corta pero significante. Hasta finales del siglo veinte era un país de emigración (con destino a Brasil, África, a Europa, etc.), pero a partir de su incorporación a la Unión Europea se ha convertido en netamente, un país receptor. En el 2022 la población nacida en el extranjero en nuestro país ascendía al 10,8% de la población total (1,1 millones de personas, con un aumento del 21% respecto al 2013). El crecimiento demográfico de nuestro país en los últimos años ha estado relacionado directamente con el saldo migratorio positivo, como por ejemplo en el año 2022 que se revelan entre 121.000 inmigrantes permanentes (un incremento del 29% respecto al 2021).
La inmigración portuguesa proviene, sobre todo, de las antiguas colonias y de países cercanos. Brasil es el país de origen más habitual: ha dado origen a 1 de cada 4 extranjeros en el año 2022 (más de 275 000 personas) con el que sigue Angolad (14%) y un número mucho más reducido de Francia (9%) o la India (que es 2º en flujos nuevos de 2022). Es un perfil que se puede explicar por la afinidad lingüística y por los convenios bilaterales (convenios de residencia con Brasil y convenios en la CPLP). En 2023 Portugal basa en la llegada de unos 189 000 inmigrantes permanentes (+ 13,3% que en 2022) lo que permite mantener un saldo migratorio positivo para + 155 701 personas. Dentro de los pedidos de asilo se recogieron sólo 2600 en 2023 procedentes, sobre todo, de Gambia, de Afganistán y de Colombia. La diáspora portuguesa también ha emigrado a partir de 2022 con algo de más de 59 000 portugueses emigrados a países de la OCDE (19% a España).
En 2023, Portugal implementó la creación de la Agencia para la Integración, Migración y Asilo (AIMA) con el objetivo de coordinar la política destinada a las migraciones. Además, existe que también mencionar que el Acuerdo de Movilidad de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) de 2021 prevé la existencia de permisos de residencia renovables de carácter inicial para los ciudadanos lusófonos. Por otro lado, en octubre de 2023 se restringieron las vías de residencia por inversión (“Golden Visa”). En suma, Portugal articula una creciente inmigración desde Brasil/Africa lusófona y las iniciativas institucionales para gestionar este flujo en un país que es ahora tanto necesitado de mano de obra extranjera como de envejecimiento poblacional (OECD, 2024).
Comparación de dinámicas migratorias
• Proporción de inmigrantes: Brasil destaca por tener una proporción bastante más pequeña que la de enunciar una determinada población migrante, siendo la población inmigrante un 0,91% sobre el empaque de la misma. En el caso de parafrasear, España y Portugal empeoran proporcionalmente dicha población, presentando unos porcentajes de un 13,4% y un 10,8%, respectivamente.
• Origen geográfico: Brasil presenta los países con mayor población inmigrante a partir de la diáspora, siendo los principales países de origen de los inmigrantes en Brasil Venezuela, Haití y Bolivia, tendencia que refleja las crisis que se dan en la porción de América del Sur y la importancia económica relativa de Brasil. En el caso de España, se da, como es lógico, un mayor índice de emigración por parte del Marruecos, Colombia y Rumanía, mientras que Portugal unida por el idioma conjuntamente a la emigración bilateral de Brasil y de Angoia caracterizan su población inmigrante.
• Marco institucional: España y Portugal, dado su estatus de miembros de la Unión Europea y del área Schengen, implementan políticas comunes de asilo y fronteras, favoreciendo la movilidad intra-europea. Brasil, por su parte, lo hace en el marco del Mercosur y de otros acuerdos multilaterales con América Latina, como facilitar la residencia a ciudadanos de países miembros (Cavalcanti, 2024).
• Tendencias recientes: La reactivación de los flujos migratorios tras la pandemia provocada por la COVID-19 ha podido observarse en los tres países. Brasil ha vivido más de 62 millones de movimientos fronterizos y ha aumentado 300.000 empleos para inmigrantes (Cavalcanti, 2024). España ha alcanzado un récord de 2.921.205 trabajadores extranjeros en marzo de 2025, un incremento significativo respecto al año anterior (Cadena SER, 2025). Portugal ha acogido a 121.000 nuevos inmigrantes en 2022, un 29% más que en 2021 (OCDE, 2024).
• Interacciones recíprocas: Hay flujos bilaterales de ida y vuelta en estos países, comunidades portuguesas y españolas en Brasil, brasileños en España y en Portugal. Estas redes transatlánticas son participaciones de la “movilidad iberoamericana” debido a la proximidad cultural y lingüística entre estos países (Masanet y Padilla, 2018).
En conclusión, a pesar de que Brasil, España y Portugal tienen características históricas y culturales comunes, sus dinámicas migratorias presentan diferencias importantes por su magnitud, origen de los flujos determinadas y sus marcos reguladores que tienen sus particularidades y se complementan (Masanet y Padilla, 2018). Los tres países deberían elaborar de políticas que se ajusten a la realidad de cada uno: Brasil enfocada en la integración regional y España/Portugal, a su vez, adecuando el flujo de las personas migrantes llegadas por fuera de la Unión Europea a sus compromisos de la Unión Europea.

Conclusión
Para finalizar, la comparación reafirma que el fenómeno migratorio dentro de Iberoamérica es marcadamente heterogéneo. Es decir, que cada país conforma su propio entramado de herencias coloniales y enunciaciones de marcos jurídicos presentes en la actualidad y de procesos sociales que dan lugar a sus flujos migratorios. Así, Brasil, por caso, ha pasado de ser un emisor a convertirse en un receptor principal de migrantes regionales, reafirmando de este modo su función dentro de Sudamérica. Por el contrario, España y Portugal, países de emigración por antonomasia, se producen en la actualidad como verdaderos polos de atracción para personas de muy diversos horizontes. Pero más allá de estos patrones generales, subsisten flujos no tan evidentes, pero ciertamente relevantes como los de brasileños hacia la Península Ibérica o de lusodescendientes hacia Brasil; flujos estos sustentados en afinidades lingüísticas, culturales o históricas.
Esos vínculos ponen de manifiesto que, en la Iberoamérica, las migraciones no solo constituyen consecuencias de procesos de orden económico o de orden político, sino que aparecen también compartidas, en forma de memorias, de redes afectivas y de oportunidades simbólicas de pertenencia. Estas razones hacen que estudiar las dinámicas migratorias en una clave comparativa es fundamental para llegar a las especificidades nacionales y a las convergencias regionales que constituyen una geografía migratoria compleja, pero interlinkada. Esta mirada a la cual nos referimos, como muestran los últimos trabajos (Cavalcanti, 2024; Masanet y Padilla, 2018), no solo permite estudiar los desplazamientos, sino también imaginar futuros comunes, basados en la cooperación, la movilidad y el reconocimiento entre los países iberoamericanos.

Lina PAREDES MOLINA – Master ETT Suds


Referencias
Cavalcanti, L. (2024). El fenómeno migratorio en Brasil, España y Portugal: Una mirada comparada. Conferencia presentada en el Seminario Internacional sobre Migraciones y Memorias, Universidad París 8.
DatosMacro. (2020). Brasil – Población extranjera residente. DatosMacro Expansión.
Instituto Nacional de Estadística (INE). (2024). Cifras de población extranjera en España a 1 de enero de 2024. INE.
Masanet, E., & Padilla, B. (2018). Emigración de retorno y migración circular entre Brasil, España y Portugal: dinámicas transnacionales y laborales. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, (120), 149–177.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). International Migration Outlook 2024. OECD Publishing.

Intercambios entre los movimientos de oposición al Sandinismo y el gobierno de Belisario Betancur (1983-1986)

Fabián Plazas Díaz trabaja sobre la Historia Contemporánea de América Latina, particularmente los conflictos armados y procesos de paz, y es doctorando en Historia en el Laboratoire Mondes Américains y en el Centre de Recherche d’Histoire de l’Amérique Latine et Mondes Ibériques (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), durante su conferencia titulada “Intercambios entre los movimientos de oposición al Sandinismo y el gobierno de Belisario Betancur (1983-1986)” abordó los complejos procesos diplomáticos y de mediación en el contexto de los conflictos armados en América Latina durante los años 80. En particular, se centró en el papel del gobierno de Belisario Betancur, presidente de Colombia, como intermediario entre los sectores opositores al Sandinismo y los esfuerzos regionales para evitar la expansión del conflicto.

La investigación de Plazas se inscribe en un contexto geopolítico tenso, donde la Revolución Sandinista en Nicaragua, tras el derrocamiento de la dictadura de Somoza en 1979, se encontraba con una creciente oposición armada interna, mientras que Estados Unidos intensificaba su apoyo a los grupos contrarrevolucionarios. En este escenario, el gobierno colombiano, preocupado por su propia guerra interna y el potencial “contagio” revolucionario en su territorio, se posicionó como mediador en un momento crucial para el futuro de la región.

Uno de los puntos destacados fue la diversidad interna de los movimientos de oposición al Sandinismo, los cuales no formaban un bloque homogéneo. La oposición estaba compuesta por excombatientes sandinistas desilusionados, sectores de la Iglesia Católica que habían perdido influencia, y comunidades indígenas afectadas por las políticas del régimen. Esta fragmentación dificultaba la mediación, ya que las demandas de los distintos grupos eran variadas, abarcando factores ideológicos, étnicos y sociales.

A través del análisis de los intercambios diplomáticos, Plazas mostró cómo Colombia actuó como un punto clave en las negociaciones, mediando tanto de manera oficial como informal. El Grupo Contadora, conformado por México, Colombia, Venezuela y Panamá, fue un intento regional de abordar la crisis, aunque no logró una resolución definitiva. No obstante, este esfuerzo representó una propuesta de mediación latinoamericana sin precedentes. La conferencia subrayó que, a pesar de las críticas y los cuestionamientos sobre los fines geopolíticos de los actores involucrados, el proceso marcó un momento importante de diplomacia regional.

El análisis de Plazas plantea preguntas cruciales sobre la diplomacia en América Latina durante la Guerra Fría. ¿Hasta qué punto las intervenciones de países como Colombia estaban motivadas por la búsqueda de prestigio internacional, en lugar de una genuina voluntad de resolver conflictos internos de la región? Además, la conferencia sugiere que, a pesar de sus limitaciones, los esfuerzos regionales de mediación mostraron que los países del Sur fueron actores clave en la gestión de sus propios conflictos, no solo meros escenarios de confrontación externa.

Finalmente, la conferencia invitó a reflexionar sobre las limitaciones y posibilidades de la mediación en contextos de guerra interna y fragmentación ideológica, subrayando la importancia de una visión latinoamericana del conflicto, que reconozca la agencia diplomática de los países involucrados.

Johnatan LONDONO – Master ETT Suds

Universidad en dictadura: Una puesta en perspectiva de los casos de Argentina, Chile y Uruguay

La conferencia de Andrea Otero Perdomo, doctora en Historia de la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne y licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Colombia, abordó comparativamente las formas en que las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay intervinieron en las universidades durante el siglo XX. Su análisis, basado en una sólida investigación doctoral, se estructuró en torno a tres ejes: las motivaciones ideológicas, las prácticas represivas y la transformación institucional del sistema universitario en cada país.

Las dictaduras del Cono Sur consideraron a la universidad un territorio estratégico a controlar. Bajo la retórica de la “subversión” —enraizada en el contexto de la Guerra Fría—, construyeron al estudiante o docente crítico como un enemigo interno. Este discurso justificó la clausura de facultades, la persecución de miembros de la comunidad universitaria y la imposición de reformas estructurales. Así, la universidad dejó de ser un espacio de pensamiento autónomo para transformarse en un instrumento de control político.

Otero detalló cómo estas prácticas represivas incluyeron exoneraciones, exilios, desapariciones y condiciones de permanencia marcadas por la lealtad al régimen. Las facultades más afectadas fueron aquellas vinculadas a las ciencias sociales y humanas, consideradas especialmente peligrosas por su potencial crítico. ¿Hasta qué punto puede una universidad sostener su función social cuando la libertad de pensamiento es criminalizada?

El tercer eje abordó la profunda reconfiguración institucional: se suprimió la participación estudiantil, se reestructuró la oferta académica y se nombraron rectores ligados directamente a los gobiernos autoritarios. En Argentina, se eliminaron derechos como la gratuidad, se instauraron aranceles y exámenes de ingreso. En Chile, se promovió la privatización del sistema como supuesta vía de calidad. En Uruguay, se redujo la investigación a favor de la docencia, limitando así la producción de conocimiento crítico. En conjunto, estas medidas consolidaron un modelo elitista y funcional al poder, desplazando el ideal de universidad como espacio de formación ciudadana.

Durante el intercambio con el público, emergieron paralelismos con el presente: el resurgimiento de discursos autoritarios que estigmatizan el pensamiento crítico bajo nuevas etiquetas —como lo “woke” o el activismo político— plantea la inquietante pregunta de si estamos frente a una reedición, más sutil, de las mismas lógicas de exclusión. ¿Cómo preservar la autonomía universitaria en un contexto donde la neutralidad se utiliza como coartada para censurar?

La intervención de Otero no solo ofreció una reconstrucción rigurosa del pasado, sino que planteó interrogantes actuales sobre el rol de la universidad. En tiempos de incertidumbre democrática, su análisis recuerda que la represión no siempre llega con tanques, sino con leyes, discursos y reformas que, en apariencia, solo buscan “ordenar” el sistema.

Johnatan LONDONO – Master ETT Suds

Un pasado en disputa: la memoria de la última dictadura cívico-militar argentina

En su conferencia en la Universidad Paris 8, Aurélia Gafsi, doctoranda en la Universidad Sorbonne Nouvelle, analizó cómo la memoria de la dictadura argentina (1976–1983) se ha construido, disputado y reinscrito en el espacio urbano entre 1983 y 2023. A través de objetos como baldosas conmemorativas y monolitos, mostró cómo la memoria actúa como un campo de conflicto vivo, no como un legado cerrado.

Desde los primeros gestos como el “Siluetazo” y la “Marcha de la Resistencia”, los cuerpos ausentes comenzaron a marcar el paisaje urbano. Gafsi centró su análisis en dos intervenciones principales: los monolitos y las baldosas por la memoria. Los monolitos, instalados por asociaciones civiles, individualizan a las víctimas y revelan, mediante su vandalización y reposición, la persistencia del conflicto en torno al pasado. Las baldosas, colocadas frente a sitios de secuestro o centros clandestinos, rechazan el término “víctima” para reivindicar la militancia política, inscribiendo una cartografía alternativa y politizada del recuerdo.

Un contraste significativo surge entre Buenos Aires, donde las baldosas son fruto de acciones colectivas independientes, y La Plata, donde adquieren un carácter institucional y patrimonial. ¿Puede la memoria sobrevivir a su institucionalización sin perder su capacidad crítica? ¿Hasta qué punto el espacio público puede sostener la tensión entre memorias oficiales y memorias populares?

Gafsi subrayó que estos dispositivos no solo acompañan políticas públicas, sino que muchas veces las provocan, transformando la ciudad en un archivo vivo. Sin embargo, alertó sobre las amenazas actuales: vandalizaciones, obras públicas que destruyen memoriales, y narrativas políticas que buscan relativizar la violencia estatal, como la idea de una “memoria completa” promovida desde el poder.

Durante el debate, se discutió la fragilidad de los consensos sobre la memoria, la ambigua influencia de las redes sociales y los intentos de reducir los relatos memoriales a simples “opiniones”. Estas tensiones revelan que la lucha por el sentido del pasado sigue vigente, y que tanto los espacios físicos como los digitales son campos de disputa.

El trabajo de Gafsi se inserta en los estudios memoriales con una perspectiva situada, sensible a las fricciones entre memorias populares e institucionales. Su análisis invita a pensar la memoria no como una herencia inmóvil, sino como un proceso en movimiento, profundamente político. Cada baldosa, cada monolito, reitera una pregunta urgente: ¿quién tiene derecho a narrar el pasado?

Johnatan LONDONO – Master ETT Suds

2ème séance séminaire ’70s / SETEnTAS, Rodolfo Laufer (Instituto Ravignani/UBA-CONICET), “La CGT clasista de Salta. Radicalización obrera y peronismo revolucionario en la Salta de los años 70”

2ème séance séminaire ’70s / SETEnTAS

“La CGT clasista de Salta: Radicalización obrera y peronismo revolucionario”

Rodolfo Laufer (Instituto Ravignani/UBA-CONICET)

Vendredi 25 avril 2025

17h00-19h00 (heure Paris)

El cristianismo de liberación en América Latina, una perspectiva transnacional

¿Cómo el pensamiento cristiano comprometido (de Girardi y Torres) quiso proponer una alternativa revolucionaria al capitalismo latinoamericano entre 1968 y 1972 con una perspectiva transnacional entre Europa y América Latina? Se lo preguntó Michele Merenda de la Universidad Grenoble-Alpes.

Entre 1968 y 1972, América Latina experimentaba cambios ideológicos influenciados por movimientos de luchas sociales y de cuestionamiento de la Iglesia católica. En este caso, cristianos cuestionaron el lugar de la Iglesia en las sociedades latinoamericanas, apoyándose de ideas nuevas como el Marxismo y a través del análisis de las igualdades sociales. Cuando el intelectual italiano Giulio Girardi vino a Colombia con sus ideas socialistas, dialogó con figuras claves de los movimientos sociales emergentes de América Latina como Camilo Torres, un sociólogo, padre y militante.

El período entre 1962 y 1965, marcó la apertura de la Iglesia italiana hacia el mundo moderno. En paralelo, las ciencias sociales emergentes en América Latina influenciaron la reflexión eclesiástica. La Conferencia de Medellín de 1968 fue un momento clave : la Iglesia latinoamericana decidió comprometerse hacia los pobres, criticando el sistema capitalista. Era la segunda conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano que reúne a los evangelistas de América Latina. Permitió la reforma de la Iglesia católica latinoamericana adaptándola a las realidades del continente : la pobreza, las desigualdades y la represión. Giulio Girardi fue una figura clave de este movimiento. Propuso su proyecto socialista para la Fe, defendiendo una revolución cristiana en Colombia basada en reflexiones teóricas europeas. El cristianismo de liberación – o cristianismo revolucionario – rechaza los partidos políticos cristianos tradicionales y se basa en el principio de “amor eficaz”, en el cual la fe cristiana no puede ser pasiva. En consecuencia, aparecieron nuevos movimientos como la Juventud Obrera Cristiana, la Acción Católica Obrera o los Cristianos por el Socialismo por ejemplo.

Si una parte del Clero, influenciada por el marxismo, fue un aliado del cristianismo de liberación, otros miembros conservadores del Clero rechazaron la conferencia de Medellín con un “Contradocumento”. Ellos pensaban que la teología de la liberación era demasiado radical.

Los objetivos del proyecto de Cristianismo de Liberación eran claros : pensar de nuevo el papel de la Iglesia, desafiar la hegemonía del capitalismo y crear un diálogo entre la fe cristiana y las ideas marxistas de la época. Aunque estas ideas no recibieron una aprobación unánime, este periodo marcó un punto de inflexión en la historia de América Latina. Con figuras religiosas comprometidas en su mayoría con la defensa de los pobres y los oprimidos por el sistema capitalista, el movimiento llevó al surgimiento de una nueva conciencia social y política dentro de la propia Iglesia. Ya que las opiniones estaban divididas, emergieron fuertes tensiones entre los miembros de la Iglesia católica. El movimiento también dio lugar a numerosos intercambios entre Europa y América Latina, lo que permitió a los países latinoamericanos no simplemente copiar las ideologías europeas, sino inspirarse en ellas y adaptarlas a la situación del continente latinoamericano.

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La última dictadura cívico-militar argentina : un pasado en disputa (1983-2003)

¿Cómo se apropió de nuevo Argentina la memoria de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) en el ámbito público? ¿Qué entra en juego en esta memoria, entre la justicia y el reconocimiento? Son las cuestiones que guiaron la presentación de Aurélie Gafsi, doctora en el Centro de Investigaciones interdisciplinarias sobre los Mundos Ibéricos Contemporáneos.

En un periodo de gran inestabilidad en América Latina, marcado por tensiones ideológicas y conflictos sociales internos como crisis económicas, crecía la violencia en Argentina en los años 70 en Argentina. Un golpe de Estado militar tumbó el gobierno de Isabel Perón en 1976 con el objetivo de restaurar el orden y erradicar la subversión. Hasta el restablecimiento de la democracia en 1983, pasaron 7 años de violencia sistemática como actos de tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, censura, etc. Cuando se acabó la dictadura, los desafíos del nuevo gobierno democratico fueron numerosos. Entre ellos, la memoria de los crímenes de la dictadura es un tema que sigue siendo tratado por la sociedad argentina actual a pesar de los años pasados.

Después de la dictadura, las víctimas y sus familias pidieron al gobierno que reconociera la violencia para que las víctimas no caigan en el olvido. Es un desafío para la memoria colectiva, contaminada sobremanera por la reinterpretación de la historia en la que se han borrado o minimizado los crímenes cometidos por los opresores de la dictadura. De este modo, las víctimas exigen no solo que se reconozca su condición de víctimas, sino también que se haga justicia. Esta reparación es un verdadero símbolo histórico que cuando pasa, se instala en la memoria colectiva.

En este proceso de búsqueda de justicia, las familias de la víctima han utilizado diversos medios para hacerse oír. En particular, han utilizado las creaciones artísticas como herramienta de resistencia. El primer ejemplo es el Siluetazo, una acción artística militante de 1983 que consiste en dibujar siluetas humanas en el suelo o en pósteres que simbolizan las personas desaparecidas durante la dictadura y cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Esta iniciativa participativa permite conmemorar a esos desaparecidos que fueron ignorados por la sociedad en la dictadura. Otra forma artística importante que rinde homenaje a las víctimas es la creación de Baldosas de cerámica por la Memoria. Se pueden encontrar en los Barrios por la Memoria y Justicia, en Buenos Aires o en La Plata, donde las baldosas blancas son parte del reconocimiento institucional apoyado por el ayuntamiento. Estas baldosas se colocan en lugares simbólicos, como el lugar de residencia o de trabajo de la víctima. En ellas está escrito informaciones sobre las victimas como su nombre, su edad, la fecha de su desaparicion o asesinato. Sin embargo, los ciudadanos luchan contra el vandalismo recurrente de estas baldosas ubicadas en lugares públicos y por eso, accesibles a todos.

Si las Casas de la memoria convirtieron lugares simbólicos en memoriales, hay que mencionar que las familias de las víctimas también tienen que afrontar los cambios de discurso del gobierno sobre la reparación de la memoria de las víctimas. Luchan por obtener el reconocimiento por parte del gobierno democratico, de los crímenes cometidos por los militares, lo que crea un clima de tensiones entre ciudadanos y sistema judicial.

Desde el restablecimiento de la democracia en 1983, la memoria de las víctimas vacilan entre reconocimiento y olvido. En efecto, cuando ocurrió la liberación de militares responsables de crímenes en los años 1990, nació un sentimiento de impunidad por parte de los ciudadanos. Desde 2015, la memoria de las víctimas se ha visto amenazada en buena medida por los sistemas conservadores. Los temas actuales son la reescritura de la historia y la lucha contra las falsas informaciones. Desde la elección de Javier Milei como presidente de Argentina, su discurso de ruptura con el pasado ha asustado a las familias de las víctimas.

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Cuando la dictadura llega a la Universidad

¿Cómo las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay transformaron las universidades para convertirlas en instrumentos de control ideológico y cuáles fueron las consecuencias ? Esta es la pregunta que nos planteó Andrea Otero-Perdomo, profesora de historia y civilización de América Latina contemporánea en la Universidad de Gustave Eiffel.

Las Universidades son instituciones, lugares de formación y de conocimiento. Tienen un papel importante en la transmisión de ideologías y de valores, por eso, dan lugar a debates y críticas sobre el mundo que nos rodea. Cuando llega la dictadura al poder de un país, también afecta esas instituciones.

Tres países de América Latine experimentaron las consecuencias de la dictadura en simultaneidad en el siglo 20 : Argentina, Chile y Uruguay. Después de una fuerte crisis económica y con una fuerte inestabilidad política y social, se instaló una dictadura militar de 1976 a 1983 en Argentina. Uruguay experimentaba una crisis económica cuando llegó la dictadura cívico-militar en 1973, después de la disolución del gobierno, hasta 1985. En Chile, las ambiciones sociales del presidente Salvador Allende fueron impedidas por el Golpe de Estado del General Pinochet que impuso la represión de 1973 a 1990.

Esos tres sistemas represivos justificaron su intervención en las Universidades afirmando querer erradicar la subversión que representaría un peligro para el orden público. Veían las universidades como lugares de “doctrinas” que amenazaban la seguridad nacional y que eran responsables de la crisis nacional. Las universidades perdieron su poder de decisión y la participación de los estudiantes fue restringida. Clausura de centros de investigación, desfinanciamiento de formaciones, destrucción de archivos : los ataques a la investigación se multiplicaron. Es de notar que reestructuraron la oferta académica eliminando o modificando carreras juzgadas “problemáticas”, sobre todo, las de filosofía, sociología, ciencias políticas, etc. En Uruguay por ejemplo, la Declaración de la Fe democrática comprometía a las universidades a informar si había actividades en contra de estos dispositivos. De hecho, las consecuencias humanas fueron numerosas. Intervinieron haciendo despidos masivos, exoneraciones, exilios y desapariciones forzadas de miembros de la comunidad universitaria como profesores. El 21% de desaparecidos en Argentina fueron estudiantes, el 45% de los profesores en Uruguay fueron destituidos y el 25% de los profesores en Chile fueron marginalizados.

Esta situación condujo a la priorización del sector privado, dando acceso a las universidades públicas solo a una cierta “élite” y discriminando a las clases medias y a los precarios. Este sistema también fomentaba la educación desigual y el borramiento de la variedad de las ideologías.

En fin, esos períodos de dictadura en Argentina, Chile y Uruguay no impusieron solo represión en las Universidades sino que implantaron un verdadero cambio en el funcionamiento interno, reestructurando todo lo que no servía a favor del régimen opresor.

La Universidad tiene un poder incontestable en la vida política, social e ideológica de nuestras sociedades. Estudiar en la universidad es un periodo clave en el desarrollo de una persona. La libertad de expresión y de pensamiento son principios fundamentales de la democracia que necesariamente deben aplicarse en la universidad para que estudiantes, profesores y otros universitarios puedan ejercer sus derechos.

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El fenómeno migratorio en perspectiva comparada: Brasil, España y Portugal

El seminaro titulado El fenómeno migratorio en perspectiva comparada: Brasil, España y Portugal, presentado por Leonardo Cavalcanti en la Universidad de París 8 el 25 de marzo de 2025, ofreció una reflexión profunda sobre las dinámicas migratorias contemporáneas y sus implicaciones políticas, sociales y culturales. Cavalcanti, especialista en migraciones internacionales y miembro del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, analizó cómo la globalización y los flujos migratorios actuales desafían las nociones tradicionales de nacionalidad y pertenencia.

La globalización, según el expositor, puede entenderse a través de dos vectores fundamentales: la velocidad y la simultaneidad. América Latina, considerada el “marco cero” de este proceso global, desempeñó un papel crucial en la conexión del mundo durante la colonización. La extracción y exportación de recursos como el café y el azúcar no solo transformaron las economías europeas, sino que también sentaron las bases para los movimientos migratorios que hoy cuestionan las definiciones rígidas de identidad nacional. Las migraciones contemporáneas nos obligan a reconsiderar preguntas fundamentales: ¿Qué significa ser parte de una nación? ¿Qué define a un migrante? Cavalcanti destacó que más allá de los documentos oficiales, los estudios antropológicos demuestran que los individuos siempre llevan consigo las marcas culturales del lugar de origen.

Durante el seminario, se presentaron piezas artísticas que ilustran cómo las políticas migratorias dividen a las personas según su estatus legal, otorgándoles derechos desiguales y limitando su movilidad. Estas obras invitan a reflexionar sobre la crisis actual de los modelos asimilacionistas frente al multiculturalismo. En el siglo XXI, uno de los grandes retos es formular políticas migratorias que respondan a las dinámicas cambiantes de los flujos humanos.

Sin embargo, Cavalcanti advirtió sobre prácticas que deben evitarse en este proceso. Entre los errores más comunes en la formulación de políticas migratorias se encuentra el uso de modelos obsoletos basados en criterios sociológicos o biológicos que históricamente han perpetuado desigualdades. Por ejemplo, en Brasil se buscó “blanquear” la población tras la esclavitud mediante políticas selectivas. Otro error recurrente es alimentar el temor hacia una supuesta “avalancha” de inmigrantes, una narrativa que carece de sustento demográfico pero que ha sido utilizada políticamente para generar rechazo social. También se criticó la tendencia a desarrollar políticas basadas en el miedo hacia flujos considerados “imparables”, ignorando las fases naturales del fenómeno migratorio: iniciación, despegue, estancamiento y decadencia.

Cavalcanti subrayó que limitar las políticas al paradigma de contención no reduce automáticamente la migración. En muchos casos, estas medidas se aplican únicamente a ciertos grupos mientras se permite la entrada libre a personas con recursos económicos. Además, estas políticas pueden fomentar industrias legales e ilegales relacionadas con la seguridad fronteriza y los trámites migratorios. Otro problema es reducir la migración a una lógica puramente economicista, ignorando aspectos culturales y sociales como las cadenas mundiales de afecto, donde mujeres migrantes asumen roles esenciales cuidando niños y ancianos en países receptores.

También se cuestionó la rigidez con que se perciben los proyectos migratorios actuales. Las familias transnacionales demuestran que la migración es un proceso dinámico y complejo. Por ello, las políticas públicas deben concebirse como sistemas abiertos que incluyan activamente a los propios migrantes en su diseño. Es esencial abandonar discursos extremos que demonizan o idealizan a los inmigrantes y evitar crear políticas basadas en excepciones anecdóticas.

En sus reflexiones finales, Cavalcanti propuso repensar la situación desde una epistemología del Sur Global. La mayoría de teorías sobre migración han sido formuladas desde el Norte hacia el Sur; sin embargo, es necesario considerar que gran parte del tránsito humano ocurre dentro del propio Sur Global. También instó a romper con la idea de que la migración es un problema excepcional; más bien, debe reconocerse como un fenómeno inherente al desarrollo urbano y cultural. Cada ciudad es producto directo de procesos históricos migratorios.

Añadió además que transformar la migración en un activo para el desarrollo no solo económico sino también cultural y político es clave para avanzar hacia sociedades más inclusivas. Las fronteras nunca han sido estáticas; hoy más que nunca se redefinen constantemente en términos simbólicos y geográficos. En política no existen ideales absolutos; solo lo posible dentro del arte del diálogo.

Este seminario dejó claro que repensar las políticas migratorias requiere abandonar paradigmas obsoletos e incorporar perspectivas dinámicas que consideren tanto las necesidades individuales como colectivas. La migración no es un problema; es una oportunidad para construir sociedades más diversas y resilientes frente a los desafíos globales actuales. 

Laura Natalia Betancourt

La última dictadura cívico-militar argentina: un pasado en disputa

En el marco del seminario La última dictadura cívico-militar argentina: un pasado en disputa, organizado por Aurélia Gafsi en el curso Temps et récit dans l’historiographie du monde hispanique de la Universidad Paris XVIII, se abordaron las tensiones en torno a la memoria y representación de las víctimas del régimen dictatorial argentino (1976-1983). Gafsi, doctorante del Centre de recherches interdisciplinaires sur les mondes ibéro-américains contemporains (CRIMIC) de La Sorbonne Université, centra su investigación en la representación y la memoria de las víctimas de la última dictadura argentina (1976-1983) entre 2001 y 2019.

Este seminario exploró cómo el espacio público se convierte en un terreno de disputa para la memoria colectiva, mediante acciones artísticas, urbanas y sociales. Uno de los primeros ejemplos que destacó Gafsi fue el Siluetazo, una intervención artística llevada a cabo durante una marcha organizada por las Madres de Plaza de Mayo. En esta acción,  artistas colaboraron con las madres para crear siluetas humanas que representaban a los desaparecidos. Estas figuras, colocadas en el espacio público, no solo denunciaban los crímenes de la dictadura, sino que también reivindicaban la presencia simbólica de quienes habían sido arrebatados por el régimen. El impacto visual y emocional del Siluetazo lo convirtió en un emblema de resistencia y memoria.

Otra forma de lucha simbólica que emergió durante este período fueron los escraches, impulsados por la asociación H.I.J.O.S., fundada en 1985. Estas manifestaciones consistían en protestar frente a las casas de antiguos represores para denunciar su impunidad y visibilizar su presencia en libertad. Los escraches transformaron el espacio público en un escenario de confrontación directa, donde las víctimas y sus familiares reclamaban justicia social ante la falta de respuestas institucionales.

En Buenos Aires, la memoria también tomó forma a través de iniciativas urbanas como los monolitos instalados por vecinos del barrio San Cristobal en la oficina San Juan. Estas placas conmemorativas, que llevan los nombres de desaparecidos, surgieron como una forma de protesta y recuerdo colectivo. Sin embargo, estas acciones enfrentaron resistencia y vandalismo por parte de sectores que rechazaban estas expresiones. A pesar de ello, en 2013 se renovaron los monolitos como parte de una reivindicación más amplia.

Una iniciativa particularmente emblemática fue la creación de las baldosas por la memoria, piezas de cemento colocadas en distintos barrios  para recordar a las víctimas del terrorismo de estado. Estas baldosas se instalaron frente a lugares significativos como iglesias o centros clandestinos de detención, convirtiéndose en homenajes visibles que también funcionan como denuncias silenciosas. Además, proponen una nueva cartografía urbana que invita a las personas a reflexionar sobre el pasado mientras recorre la ciudad. Sin embargo, estas baldosas no han estado exentas de conflicto: algunas instaladas en Plaza de Mayo fueron retiradas y destruidas por la municipalidad, lo que generó indignación social. Más tarde, gracias al esfuerzo colectivo, fueron recuperadas e incluso complementadas con otras nuevas.

En La Plata, las baldosas blancas por la memoria han seguido una lógica similar pero con características propias. Este proyecto buscó marcar espacios urbanos respetando la estética patrimonial local y fue reconocido como una iniciativa institucional por la municipalidad. A diferencia de Buenos Aires, estas baldosas incluyen información sobre los grupos militantes a los que pertenecían las víctimas. Sin embargo, al igual que en Buenos Aires, estas baldosas también han sido objeto de vandalismo. Un caso especialmente doloroso fue el daño intencional a las baldosas que recordaban a las víctimas de La Noche de los Lápices, un episodio emblemático del terrorismo estatal contra jóvenes estudiantes. Estos ataques no solo buscan destruir objetos físicos, sino también borrar lo que representan: el recuerdo colectivo y la denuncia del pasado represivo.

En este contexto también se observa una resignificación del término “terrorismo”. En ciertos sectores sociales y políticos se ha utilizado para acusar a los grupos militantes opositores al régimen dictatorial, especialmente durante conmemoraciones como el 24 de marzo. Esta reinterpretación busca deslegitimar las luchas contra el régimen y reconfigurar las narrativas sobre lo ocurrido durante esos años oscuros.

La discusión finalizó en torno a un debate con el público en donde se plantearon interrogantes sobre una posible institucionalización que legitime narrativas represivas vinculadas a la última dictadura, esto en un contexto donde la llegada al poder del gobierno liderado por Javier Milei pone en disputa el espacio público como escenario clave para preservar o reconfigurar la memoria colectiva. 

Este seminario subraya cómo las acciones artísticas y urbanas no solo sirven para recordar el pasado, sino también para desafiar activamente las narrativas oficiales e institucionales sobre el terrorismo estatal y sus consecuencias sociales hasta la actualidad.

Laura Natalia Betancourt 

MC2L Espagnol